México lleva una década procurando mecanismos de consolidación fiscal con variaciones de la misma estrategia. Primero recortó el gasto operativo y más tarde extendió la variante a la inversión. Ahora, con S&P en perspectiva negativa y Moody’s habiendo bajado la calificación soberana de Baa2 a Baa3, la conversación parece girar hacia una reforma fiscal para redireccionar el enfoque de consolidación desde el gasto hacia los ingresos. El riesgo es que esa reforma termine siendo una tercera vuelta del mismo tornillo: antes desde el gasto, ahora desde los ingresos, sin tocar el problema de fondo.
El punto de partida es incómodo. México cerró 2024 con un déficit fiscal de 5.8% del PIB y una deuda pública de 52% del PIB. Las cifras no reflejan una crisis fiscal, pero sí una señal clara de deterioro: el país está entrando a una etapa en la que cada peso adicional de margen presupuestario cuesta más trabajo conseguir. Detrás de ese deterioro hay tres presiones que no desaparecen con recortes administrativos: el costo financiero de una deuda más alta, el gasto en pensiones y el apoyo a Pemex. Esos rubros absorben cada vez más espacio fiscal y dejan menos margen para todo lo demás. Cuando el gasto rígido crece, el ajuste termina cayendo sobre lo que sí puede recortarse: inversión pública, mantenimiento, infraestructura y programas sin fuerza política suficiente para defenderse.
Ese camino tiene un límite evidente. La infraestructura que no se construye hoy es crecimiento que no ocurre mañana. El CIEP estimó que 70.1% del ajuste fiscal observado entre enero y mayo de 2025 recayó en inversión pública, lo que ilustra el costo de usarla como variable prolongada de ajuste.
Aquí es donde la reforma fiscal entra en escena. La lógica parece impecable: si ya no hay mucho margen para consolidar por gasto, consolidemos por ingresos. Pero esa ruta también tiene límites, porque no todo aumento de recaudación es igual. No es lo mismo cerrar huecos, eliminar tratamientos preferenciales injustificados y ampliar la base tributaria que subir la carga sobre la inversión formal en una economía donde la inversión privada ya está debilitada.
El dilema para México no debe plantearse entre recortar gasto o subir impuestos. La pregunta correcta es cómo estabilizar la deuda sin apagar el crecimiento. En la razón deuda/PIB, el déficit alimenta el numerador, pero el crecimiento sostiene el denominador. Si el PIB no crece, incluso un ajuste fiscal puede quedarse corto, pero si el ajuste fiscal debilita todavía más el crecimiento, la consolidación se vuelve circular: se recorta para estabilizar, pero el bajo crecimiento obliga a recortar de nuevo.
La salida exige tres movimientos simultáneos. El primero es mejorar la calidad del gasto, no solo reducir su tamaño. México no puede darse el lujo de proteger todo, pero tampoco puede seguir recortando como si todo el gasto tuviera efectos equivalentes sobre el bienestar. Existe inversión pública de baja rentabilidad que debe desaparecer; transferencias que deben focalizarse mejor; proyectos que responden más a prioridades políticas que a retornos sociales. Pero también hay inversión crítica, en energía, agua, logística, aduanas, mantenimiento, seguridad pública e infraestructura urbana, que no debería sacrificarse para cuadrar el balance de corto plazo.
El segundo movimiento es una reforma fiscal quirúrgica, no maximalista. México necesita más ingresos permanentes, pero la forma importa. Una reforma sensata debería empezar por revisar exenciones, regímenes preferenciales, espacios de evasión y tratamientos que erosionan la base sin elevar productividad.
El tercer movimiento, quizá el más importante, no pasa directamente por el presupuesto: reducir incertidumbre. La revisión del T-MEC prevista para el 1 de julio de 2026 será uno de los eventos más importantes para las expectativas de inversión privada en el mediano plazo. Preservar el acceso preferencial al mercado estadounidense puede movilizar más inversión que cualquier estímulo fiscal razonable, y para aprovecharlo se requiere certidumbre regulatoria, energética y jurídica.
Reducir incertidumbre no cuesta lo mismo que construir una refinería, una carretera o un tren. Cuesta discrecionalidad en decisiones políticas, pero ofrece reglas claras y contratos confiables. En un país con bajo crecimiento, la inversión privada no se reactiva solo con discursos ni con incentivos fiscales, sino con confianza en que las reglas del juego no cambiarán a mitad del camino.
Pemex, además, sigue siendo el centro silencioso del problema. Cualquier estrategia fiscal que no incluya una ruta creíble para limitar su presión sobre las finanzas públicas estará incompleta. El apoyo del gobierno puede ser inevitable en el corto plazo, pero no puede seguir siendo incondicional, opaco o recurrente sin corrección operativa.
México no puede crecer recortando indefinidamente ni encareciendo la inversión en un entorno de incertidumbre, bajo dinamismo y presión fiscal creciente.
Sin crecimiento, cualquier plan de consolidación fiscal será apenas una pausa antes del siguiente ajuste. Ese es el verdadero esfuerzo de Sísifo: empujar la roca cuesta arriba con recortes o impuestos, solo para que el bajo crecimiento la regrese al punto de partida.
