Un tribunal federal de apelaciones accedió este jueves por la tarde a la solicitud del estado de Texas, gobernado por el republicano Greg Abbott, para mantener su barrera de boyas antimigrantes en el río Bravo, situado en la frontera sur de EU.
Esta disposición flotante permanecerá allí al menos hasta que se produzca una revisión adicional, tras la decisión de un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de EU, con sede en Nueva Orleans.
Apelan a derecho a repeler «invasión»
El estado de Texas había argumentado en su petición que la ley federal de 1899 que prohíbe las construcciones no autorizadas en vías navegables, choca con su derecho constitucional a repeler una supuesta «invasión» de población migrante en el enclave fronterizo y que la barrera les ha servido para «defenderse».
La decisión del tribunal de apelaciones contrasta con la tomada el miércoles por el magistrado David Ezra, del distrito oeste de Texas, en la que señalaba que el grupo de boyas, de 300 metros de longitud, obstruía «la capacidad navegable» del cauce fluvial, reprendía al Gobierno estatal por no haber solicitado permiso y ordenaba retirarla antes del 15 de septiembre.
Ezra determinó también que el Gobierno estatal no había entregado «ningún tipo de evidencia creíble» de que la barrera de boyas hubiera reducido «significativamente» la migración irregular a través del río Bravo.
Además, desde el propio Departamento de Justicia de EU se había instado a Texas a que quitara las boyas porque, ponían en «peligro a los migrantes», violaban dicha legislación federal y los tratados bilaterales con México.
A principios de agosto, las autoridades estadounidenses encontraron dos cadáveres de migrantes flotando sobre el río, cerca de las boyas.
La polémica barrera forma parte de la «Operación Estrella Solitaria», una campaña lanzada por el Gobierno de Abbott para abordar la migración en el estado y mostrar su oposición a las políticas de Biden.
Abbott se ha mantenido desafiante desde que el Departamento de Justicia presentara la demanda el 24 de julio exigiendo que Texas retirara las barreras instaladas a principios de ese mes con un costo de 850.000 dólares.
Esta iniciativa ha estado también detrás del envío de buses con migrantes a ciudades gobernadas por demócratas, que acaparó la atención mediática el último año, y de la instalación de kilómetros de concertina en la frontera con México, entre otras medidas.
Por su parte, el Gobierno de México pidió en varias ocasiones a EU que se retirara la barrera, alegando que la mayor parte de las boyas se encontraban en su territorio.
La Comisión Internacional de Límites y Aguas, una entidad binacional, corroboró esta afirmación en un informe presentado ante el tribunal, donde se concluye que la gran mayoría de las boyas están del lado mexicano.