El presidente de Ecuador, el conservador Guillermo Lasso, decretó este miércoles en medio del juicio político en su contra la denominada «muerte cruzada», que le permite disolver la Asamblea Nacional (Parlamento), de mayoría opositora, y convocar elecciones generales anticipadas, de modo que gobernará mediante decretos hasta que asuma su sucesor.
En un mensaje a la nación, Lasso anunció esta medida contemplada en la Constitución ecuatoriana de 2008 —año en que también se instauró el juicio político— por «grave conmoción interna y política», después de haber comparecido el martes ante la Asamblea para realizar su alegato de defensa ante la acusación formulada por la oposición por un presunto delito de peculado (malversación).
«Ecuador tiene la necesidad de un nuevo pacto político y social que le permita salir de la grave crisis política en la que se encuentra y que lamentablemente, cada día se profundiza», dijo Lasso en el inicio de su mensaje, poco después de ordenar al Ejército que rodeara la sede de la Asamblea Nacional, para que no pudiesen sesionar los legisladores en el que iba a ser su segundo día de juicio político (y el primero que se convoca contra un mandatario ecuatoriano desde su instauración en 2008).
Tras el debate previsto para este miércoles, se iba a proceder a la votación de la moción de censura, en la que se requieren 92 votos para destituirlo, equivalentes a dos tercios del hemiciclo, que cuenta con mayoría opositora, liderada por la corriente de seguidores del expresidente Rafaél Correa.
«Cobarde autogolpe de Estado»
Precisamente, el expresidente izquierdista denunció de inmediato la “ilegalidad» del acto, mientras que los movimientos indígenas, muy activos contra el gobierno de Lasso anunciaron que se ponen en pie de guerra.
El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, calificó de «cobarde autogolpe de Estado» la decisión de Lasso de disolver la Asamblea Nacional por «grave conmoción interna y política».
«Al no contar con los votos necesarios para salvarse de su inminente destitución, Lasso da un cobarde autogolpe de Estado con ayuda de Policía y Fuerzas Armadas, sin apoyo ciudadano, convirtiéndose en una inminente dictadura», escribió en su cuenta de Twitter.
En su red social, la Conaie anotó que «frente a la grave situación política del país y un escenario de dictadura de Guillermo Lasso, llamamos a los pueblos y nacionalidades a mantener la unidad en cada estructura organizativa a nivel nacional».
Y avanzó que se convocará en las próximas horas a un consejo ampliado extraordinario para el análisis y la toma de decisiones colectivas.
La Conaie lideró el año pasado unas manifestaciones, que duraron 18 días y que se tornaron violentas, en demanda de mejores condiciones económicas y que terminaron con la firma de un acta de paz, en la que se establecía la constitución de mesas de diálogo para solucionar los temas puntuales que se reclamaron en las protestas en las calles.
La parálisis que sufre Ecuador, principalmente por el desafío de movimientos correístas e indígenas, es una de las cuasas nombradas por el presidente para tomar esta medida radical.
«Grave conmoción interna y política»
En un mensaje a la nación, Lasso anunció esta medida contemplada en la Constitución ecuatoriana de 2008 por «grave conmoción interna y política», después de haber comparecido el martes ante la Asamblea para realizar su alegato de defensa ante la acusación formulada por la oposición por un presunto delito de peculado (malversación).
El mandatario recurrió a la «muerte cruzada» cuando se preveía el segundo día de debate que debía llevarse a cabo en la Cámara para posteriormente votar la moción de censura, en la que se requieren 92 votos para destituir al jefe de Estado, equivalentes a dos tercios del hemiciclo.
Lasso denunció que en los últimos dos años, «un sector de la política nacional ha intentado deponer al Gobierno democráticamente elegido» y añadió que «todos los esfuerzos del poder legislativo están enfocados en desestabilizar al Gobierno con un juicio político infundado».
«Promueven un supuesto delito de peculado por omisión que no existe en nuestra legislación, con el que quieren asegurar que soy responsable político por no haber actuado frente a un presunto caso de corrupción», dijo sobre la acusación de la oposición
Para el gobernante, se trata de «un proceso sin pruebas, contradictorio, confuso, ilegal e ilegítimo, es el mecanismo para destituir al presidente».
«Los acusadores se han obsesionado por acabar con mi Gobierno impulsados por un sobrehumano rencor. Sin embargo, han sido incapaces de encontrar prueba alguna en mi contra porque no hay nada que encontrar absolutamente nada», subrayó.
El gobernante apuntó que se ha esforzado «para que el diálogo político sea la herramienta que garantice gobernabilidad pero el ataque a la gestión de este Gobierno no tiene límites».
Como ejemplo, dijo que la oposición ha activado 14 juicios políticos a ministros «para generar inestabilidad en el gabinete y entorpecer el trabajo del Gobierno»,
Consideró que ello es «una constante obstrucción que ha generado una grave crisis política y conmoción interna, que se refleja en la casi nula confianza de la sociedad ecuatoriana en la Asamblea».
Eleccciones anticipadas
Lasso aseguró que «para dar una salida constitucional» decidió aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República, que le otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional «por grave crisis política y conmoción interna».
Además, solicitó al Consejo Nacional Electoral la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos.
«Esta es una decisión democrática, no solo porque es constitucional, sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano el poder de decidir su futuro en la próxima elección», agregó al indicar que esto permite al Gobierno centrar todos sus esfuerzos en atender las necesidades de la familia ecuatoriana.
«A partir de hoy, sin bloqueos, el Gobierno nacional expedirá una serie de decretos ley que cumplirán con el mandato soberanamente expresado», dijo al avanzar que ya ha firmado el primer decreto ley de urgencia económica para reducir impuestos y fortalecer la economía.
Respaldo de las Fuerzas Armadas
Lasso subrayó que los servicios públicos atenderán con normalidad, que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional continúan garantizando seguridad y que el sector privado «tiene todas las garantías para desarrollar sus actividades y seguir contribuyendo al crecimiento y desarrollo del país».
Las Fuerzas Armadas han mostrado su respaldo a la decisión y han asegurado que actuarán “con firmeza, para proteger a la Patria y a los ciudadanos” en caso de que se produzca algún atentado contra la democracia, aseguró Nelson Proaño, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.