La vocera de la presidencia argentina, Gabriela Cerruti, informó que convocará mediante un decreto a sesiones extraordinarias en el Congreso para que durante la segunda quincena de este mes analicen el pedido de juicio político por incumplimiento de funciones a los miembros de la Corte Suprema, entre ellos a su titular, Horacio Rosatti, promovido por el presidente Alberto Fernández.
Apuntó que el gobierno busca la destitución de los jueces supremos, a los que acusa de beneficiar con sus fallos a la mayor fuerza de la oposición. “Esta es una decisión histórica que tiene que ver con la gravedad de la situación”, señaló.
Fernández anunció días atrás su decisión de buscar la remoción de los magistrados al considerar que interfieren en el funcionamiento de los otros poderes. El juicio político está dirigido a Rosatti, por mal desempeño en sus funciones, y los jueces Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti por hechos de distinta responsabilidad.
Fernández entregó a la presidenta de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, Carolina Gaillard, un documento en el que el jefe de Estado y 11 gobernadores de las 24 jurisdicciones que tiene el país solicitan el juicio político referida.
La decisión fue tomada a raíz de una medida cautelar dictada por la Corte Suprema el 21 de diciembre que amplía de 1.4 a 2.95 el porcentaje de unos impuestos que el Estado debe transferir a la capital (fondos coparticipables).
Cerruti cuestionó la relación del alcalde de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, con un empresario a cargo del manejo de las grúas y estacionamientos en la capital, Marcelo Violante.
El oficialismo cuenta en el Congreso con suficientes votos para abrir una investigación a los magistrados, pero no así para concretar su destitución.