Los ciberataques serán clasificados como “una amenaza a la seguridad nacional dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública”; México ya no está exento de sufrir estos actos delictivos, consideraron diputados de Morena quienes presentaron una iniciativa con esta propuesta para la conformación de una ley general en la materia.
Tras el ataque en comta de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), difundido la semana pasada, diversos legisladores reconocieron que se deben redoblar los trabajos en la materia porque existen vacíos legales e incluso no hay una legislación federal en la materia.
La diputada María Eugenia Hernández Pérez hizo un recuento sobre algunos ataques sufridos en México, entre los cuales destacó: “Se han presenciado incidentes de ciberataques que le han costado grandes cantidades de dinero a nuestro país, prueba de ello es el incidente registrado el 17 de abril del año 2018 al Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), el cual es un mecanismo de liquidación en tiempo real desarrollado por el Banco de México (Banxico) que le permite a las distintas instituciones que colaboran en el sistema, interactuar entre ellas haciendo envíos y transferencias de fondos en moneda nacional”.
Agregó, “los sufridos en Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Lotería Nacional, en donde fue retenida por algún tiempo la información y las autoridades debieron actuar de inmediato para solucionar el problema”.
La legisladora de Morena dijo que hace unos años los ataques cibernéticos no parecían tener relevancia en México, pues la atención de los criminales se centraba en países como Israel, China, EU, o Corea del Sur, líderes en tecnología que cuentan con información privilegiada, situación que al paso de los años han ido cambiando en América Latina.
Hernández Pérez aseguró que crecimiento de Internet de manera global y la creación de nuevos avances tecnológicos obligan a tomar acciones que salvaguarden la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información que se comparte en ese espacio, por lo tanto, los gobiernos deben estar preparados con marcos normativos adecuados.