La Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertó por el aumento en el hostigamiento y persecución en Nicaragua, pues la gestión de Daniel Ortega ha provocado un drástico deterioro de los derechos humanos y las libertades.
Un informe de la ofician de Derechos Humanos, a casi un año de la reelección del sandinista, evidencia que el régimen persiste en la embestida a la oposición, pues en los últimos meses sumó a decenas de organizaciones civiles, la prensa, estaciones de radio y televisión y recientemente a religiosos, entre ellos obispos.
«La situación de los derechos humanos en Nicaragua continúa deteriorándose, y el gobierno trata de acallar las voces críticas reduciendo drásticamente el espacio cívico…» Oficina de DH de la ONU, Comunicado
Según la conclusión del escenario actual en la región centroamericana el régimen “trata de acallar las voces críticas reduciendo drásticamente el espacio cívico”, lo que recuerda a las aprehensiones de rivales políticos que intentaron ser candidatos presidenciales.
Además, el vocero de la oficina, Christian Salazar, dijo que además de los arrestos y acoso, sus críticos son víctimas de despojo, pues les arrebataron instalaciones clave, mismas que son usadas por el gobierno de Ortega para promover su gobierno, al igual que sedes de organizaciones a las que les quitó, a través de la Asamblea, su personalidad jurídica y hasta fondos.
»Los embates contra la libertad de asociación se han incrementado de manera exponencial» Oficina de DH de la ONU, Comunicado
Debido al empeoramiento de la crisis en la región, el alto comisionado de las Naciones Unidas admitió gran preocupación por la situación de hasta 200 presos políticos, pues no hay señales de que la situación vaya a cambiar, aunado a las reformas implementadas para favorecer al gobierno y endurecer las restricciones contra sus críticos.
Sin una respuesta del gobierno, organizaciones nicaragüenses aplaudieron las declaraciones de la ONU contra Ortega y demandaron a líderes internacionales mantener la presión para que se garantice la protección a los derechos humanos, al recordar que 45 gobiernos ya se pronunciaron en contra de las irregularidades persistentes.